El PNV reconocía abiertamente la inexistencia de un poder judicial autónomo e independiente en España. Ya no es sólo que se desautoricen entre el Supremo y el Constitucional, o el duelo de competencias entre estos dos organismos. Es algo más grave. Y es que eso ya lo sabemos todos, pero al menos habría que disimularlo, negarlo, dar una apariencia de lo contrario. Pero no, ya parece que está asumido.

Un amigo mío me comentó que en la política ocurre algo parecido a la fórmula 1: las órdenes de equipo (partido) son anticonstitucionales. El escaño, una vez elegido, es personal, y el diputado debe defender los intereses de quienes le han elegido según su criterio personal, y no de su partido.
Como bien dice el artículo 6 del Título Preliminar de la Constitución:
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
Curiosamente, en España se votan listas cerradas, esto es, una lista de personas decididas internamente por el partido.
Si mezclamos las tres valoraciones anteriores, tenemos este resultado:
Pepe Pérez ha sido elegido diputado. Hay una votación en el parlamento que atenta contra la conciencia de Pepe. Pepe vota algo contrario a lo que hace el resto de su partido. El partido le impone una multa, pero como eso es anticonstitucional, Pepe apela al Tribunal Constitucional. Este tribunal ha sido elegido por consenso entre su partido y el otro partido más importante (que tiene miedo de que, si la demanda de Pepe prospera, ocurra lo mismo en sus filas). Resultado: Pepe es multado. Como las listas son cerradas, el partido obviamente decide no volver a incluirle en ellas. ¿Anticonstitucional? sí.
Pero, ¿cómo va a hacer valer Pepe la justicia?
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