Los sindicatos y la CEOE no se ponen de acuerdo y el gobierno se dispone a legislar sobre la reforma laboral. Nada que no sepamos. Ahora bien, en estos días me he puesto a pensar sobre la necesidad de esta reforma.
Cuando en estas esferas se habla de "reducir el coste del despido" para "flexibilizar" el empleo, me echo a temblar, y no por las razones obvias que todos entienden, sino por otra razón:
Cuando se habla de reducir el coste, estamos hablando del coste de un despido improcedente.
Según la Real Academia de la Lengua Española:
improcedente.
(De in-2 y procedente).
Lo que significa que si un despido es improcedente, no es conforme al derecho, es un despido inadecuado y extemporáneo.
No sé si muchos piensan esto al leer las noticias sobre la negociación, pero al buscar el menor coste de despido, estamos hablando de suavizar la multa para un acto ilegal.
Comprendo que un empresario pueda alegar que hoy por hoy es muy complicado demostrar la procedencia de un despido. A mi tampoco me gustaría que, debido a un error de mi departamento de recursos humanos, tenga que mantener a un inepto en un puesto de trabajo (aunque existen otras técnicas para evitar esto, como precisamente un departamento de recursos humanos eficaz, y los seis primeros meses de prácticas en un contrato indefinido).
Sin embargo, esta no es la queja que se ha escuchado, más bien se comenta que ahora "cuesta mucho despedir" y como tienen miedo de no poder hacerlo, los empresarios "no contratan".
Hay cosas que no me creo... si una empresa va bien y crece en beneficios, va a seguir contratando gente porque le interesa. Y si va mal, hay muchas formas de mejorar el estado financiero antes que echar a su personal a la calle. Y si no se gana tanto, tampoco es tan malo, que estamos en crisis.
Y si lo que cuesta es demostrar la ineptitud de un trabajador o las condiciones desfavorables de una empresa, para así poder realizar un despido procedente frente a un juez de lo Social en un tiempo prudente, entonces, quizá, lo que procede en este país es la reforma del sistema judicial.
